Junta de Andalucía, ONCE y UCA refuerzan su lucha contra el fraude del juego ilegal

  • Andalucía soporta casi la mitad de esta actividad ilegal que suma más de 40 millones de euros sin control alguno para las administraciones públicas

Presentación del informe sobre el Juego Ilegal en Andalucía

Andalucía absorbe casi la mitad –más del 48%- de todo el juego ilegal que opera en España, que cuenta con 1.202 vendedores en situación irregular, de los 3.726 que hay a nivel nacional, y que mueve unas ventas que superan los 40 millones de euros de los casi 84 que suma en España. Conscientes de esta situación, Junta de Andalucía, Unión de Consumidores y la ONCE refuerzan su estrategia de lucha contra esta lacra.

En 2011, el número de vendedores en la comunidad autónoma era de 848 personas que producían unas ventas por valor de 26,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento en ventas del 53’17% y un aumento del número de vendedores ilegales del 41’75%.

El juego ilegal ha crecido un 56% en Málaga

Cárceles mantuvo la mañana del pasado miércoles 9 de abril, un encuentro con el delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz, el inspector jefe de la Jefatura Provincial de la Policía Autonómica, Miguel Ángel Sanandrés y el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, Juan Moreno, a quienes expresó su “máxima preocupación” por el crecimiento del impacto del juego ilegal en Málaga y en Andalucía e hizo entrega del último informe con los datos del juego ilegal en la comunidad autónoma.

Málaga ha registrado en cambio un incremento notable de operadores de juego con un aumento del 56’67 % en términos de ventas con respecto a 2011 –más de 9,2 millones de euros- y 73’7 % vendedores ilegales –con 216 vendedores en la provincia-.

Para la ONCE, es precisa una actuación “contundente” de la Junta de Andalucía contra las actividades de los operadores ilegales porque suponen actuaciones con clara competencia desleal que atentan contra el colectivo de personas con discapacidad, suponen un fraude para los consumidores, una estafa para los jugadores, un fraude fiscal para el Estado y las Comunidades Autónomas y un atentado contra los derechos de los trabajadores, según ha denunciado el delegado territorial de la ONCE.

“Existe una intención cierta de lucro a expensas de los colectivos más vulnerables de la sociedad”, subrayó Cárceles, quien agradeció al Gobierno andaluz su implicación en la lucha contra el juego ilegal.

Entre las medidas que propone el informe del juego ilegal para su erradicación, se pide que se inicien los expedientes administrativos y judiciales que sean necesarios contra las asociaciones que ejercen el juego ilegal por carecer de la debida autorización administrativa y que se actúe contra las personas que ejercen la venta de productos ilegales y contra los centros de producción de boleto ilegales con el cierre y precinto de estos lugares.

También se juzga necesario actuar contra los canales de distribución utilizados y que la ONCE pueda ser parte interesada en aquellos expedientes administrativos o judiciales que puedan ser incoados a cualquiera de los operadores ilegales intervenidos. Se pide además que se cree un Observatorio y una comisión de seguimiento de lucha contra el juego ilegal.

Por su parte, el delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, recordó que el juego está sujeto a una estricta norma en Andalucía que debe cumplirse y reiteró el compromiso de la Administración Autonómica para combatir el fraude y el juego ilegal, “reforzando la actuación de la Junta en materia de vigilancia, inspección y prevención, y desmantelar así esta actividad ilícita y evitar la desprotección que genera entre trabajadores y jugadores”, según destacó José Luis Ruiz. “En lo que va de año, la Unidad Policial adscrita a la Junta de Andalucía,  ha incautado más de 71.000 boletos ilegales en la provincia de Málaga”, dijo.

El presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, denunció por su parte que la venta de boletos ilegales son “actos de engaño para los consumidores, que los sitúa en una absoluta indefensión porque no hay garantías sobre la certeza de este tipo de sorteos, la impresión de los boletos ni el pago de los premios”.

En Granada, la ONCE pide a la Junta que “intensifique” su lucha contra el juego ilegal

La delegada del Gobierno, Sandra García y el director de la ONCE en Granada, Alberto Morillas

La delegada del Gobierno, Sandra García, recibión el pasado viernes 25 de abril, al director de la ONCE en Granada, Alberto Morillas, quien le trasladó su preocupación por el impacto del juego ilegal en la provincia y le pidió que la Junta “siga intesificando” su estrategia de lucha contra las redes que operan en ese ámbito.

Durante el encuentro institucional, han acordado seguir colaborando para garantizar la máxima coordinación en materia de juego y coincidieron en que la lucha contra el juego fraudulento es una prioridad porque es un engaño ciudadano, perjudica  a quienes cumplen la legislación y supone un menoscabo al erario público.

La ONCE mantiene que este tipo de operadores son explotadores de los trabajadores, con especial incidencia en los colectivos más desfavorecidos, se aprovechan de la reputación y del crédito de la ONCE utilizando indebidamente su sorteo y generan dinero negro que no tributa ni cotiza a la Seguridad Social.

Sandra García, por su parte, aseguró que “el juego es una actividad regulada por ley y su práctica está sujeta al cumplimiento de una estricta normativa”, dijo. Y le trasladó el compromiso de la Junta de seguir trabajando para que se cumpla la legalidad.