La Plataforma en Defensa del Cupón alerta sobre los riesgos del juego ilegal en Andalucía

Foto de familia de los integrantes de la Plataforma tras su reunión

La Plataforma en Defensa del Cupón mantuvo el pasado 25 de noviembre una reunión informativa en la sede de la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía para valorar los avances producidos en los últimos meses tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno central y la Organización Nacional de Ciegos Españoles y que permitió actualizar el convenio que mantiene la ONCE con la administración del Estado en aspectos fundamentales de juego.
En la reunión participaron los máximos representantes de Andadaown, Aspace, Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos, FEAPS, FEAFES, FAPAS, dirigentes también de las centrales sindicales UTO-UGT y CCOO y representantes del grupos políticos Unidad Progresista y Alternativa Social.
Desde la última reunión de la Plataforma, el pasado año, se han producido cambios significativos para que la ONCE pueda competir en el difícil mundo del sector del juego, gracias al apoyo mostrado por las distintas asociaciones que integran la Plataforma, según reconocieron. La revisión del acuerdo entre la ONCE y el Gobierno, suscrito el pasado 29 de junio, plantea como novedades una mayor flexibilidad en la regulación de los productos de juego, especialmente a través de las redes sociales complementarias (estancos, gasolineras y kioscos) que permitirá a la ONCE una mejor adaptación al competitivo mercado de juego, sin afectar a la masa salarial y social de sus trabadores.
En defensa de los juegos legales
La Plataforma valoró con preocupación el impacto del juego ilegal en la Comunidad Autónoma de Andalucía que generó en 2008 un total de 26 millones de euros de ingresos con 888 personas implicadas. El 38% de toda la actividad ilegal que se da en España se concentra en Andalucía y el 71% de todo el juego ilegal andaluz se da en Cádiz, donde ya hay más trabajadores ilegales, sin ningún tipo de cobertura, que legales. A Cádiz le siguen Málaga, que absorbe un 18% del total, y Sevilla, con un 7% de la actividad ilícita.

Un momento de la reuniónLos integrantes de la Plataforma animaron una vez más a las administraciones, en particular a la autonómica, a cortar los canales de distribución para erradicar la distribución del producto, y pidieron más medios para que la “decidida voluntad política” que expresa la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía se traduzca en resultados tangibles y beneficiosos para todo el sector de la discapacidad.

La ONCE es el operador de juego más pequeño que existe en el mercado español ya que sólo representa el 6,5% de todo el sector, frente a 31,1% de LAE (Loterías y Apuestas del Estado) y el 64,4% del juego privado. En el último año el juego privado ingresó 20.160 millones de euros; LAE 10.048 millones de euros (2.400 millones sólo en Navidad); mientras que la ONCE en todo el año con todos sus productos ingresó 2.100 millones de euros. Y, a pesar del descenso en ventas, la ONCE mantiene intacto el 3% de sus ingresos para Fundación ONCE, volcada en la solidaridad con otras discapacidades, que supone un 20% del líquido.
La Plataforma mostró su apoyo incondicional a las medidas que la ONCE ha planteado a la administración. En concreto plantean que se inicien los expedientes administrativos y judiciales que sean necesarios en contra de las asociaciones que ejercen el juego ilegal dado que carecen de la debida autorización administrativa. Que se inicien ambién expedientes y las actuaciones que sean precisas contra las personas que ejercen la venta de productos ilegales. Que se actúe contra los centros de producción de boleto ilegales, llevando a cabo actuaciones policiales inmediatas, tendentes al cierre y precintado de estos lugares. Piden además que se actúe contra los canales de distribución utilizados por estos operadores ilegales, con cuantas actuaciones sean necesarias para ello.
Otra perspectiva de la reunión
En este sentido consideran que la ONCE, en cualquier expediente administrativo o actuación judicial incoado a alguno de estos operadores ilegales en razón de que intervengan en el sector del juego, pueda ser parte en razón de que goza del concepto de “interesado”, por tener interés legítimo o directo en el asunto, de acuerdo a la legislación vigente. Y piden además que se legisle y regule los juegos a través de plataformas digitales, informáticas, juegos on line, (internet, teléfonos míviles, TDT’s…), y que mientras tanto esto no suceda sean considerados como juegos ilegales. Por último, plantean que se cree un Observatorio y una comisión de seguimiento de lucha contra el juego ilegal.
La Plataforma considera suficiente, de momento, expresar su preocupación a las administraciones por el impacto del juego ilegal en Andalucía a la espera de una respuesta más contundente y eficaz por su parte. “Desde la lealtad a las instituciones vamos a seguir empujando”, concluyeron.