La ONCE reclama al Gobierno andaluz medidas específicas para combatir el juego ilegal

Clara Aguilera y Patricio Cárceles en la sede del Parlamento de Andalucía

En menos de un mes, el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Patricio Cárceles, ha mantenido reuniones de trabajo con la consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, y los delegados de la Junta en Sevilla, Carmen Tovar, y de Cádiz, José Antonio Gómez, con un mismo objetivo; trasladar al Gobierno andaluz la preocupación de la ONCE por el impacto del juego ilegal en Andalucía, reclamarle una acción política más decidida en su erradicación y plantearle de paso una serie de medidas encaminadas a acabar con este fraude.
En todas sus reuniones, Cárceles ha puesto en valor la dimensión social de la ONCE aún representando apenas el 7% del sector del juego en España, frente al 60% que representan el sector de juego privado (bingos, casinos y máquinas B) y el 32% que suponen las loterías y apuestas del Estado.

Patricio Cárceles conversa con Carmen Tovar en su despacho de la Delegación de la Junta en SevillaEn el encuentro con la consejera de Gobernación, celebrado en la sede del Parlamento de Andalucía, el delegado territorial pidió más contundencia a la administración autonómica ante lo que considera un “claro fraude de ley que atenta contra los derechos de los trabajadores y contra la dignidad de las personas con discapacidad y atenta también contra el Estado y las administraciones porque no tributa el dinero negro que maneja”. Para Cárceles, las redes de juego ilegal que operan en Andalucía, mayoritariamente en Cádiz, Málaga y Sevilla, son explotadoras de los trabajadores ya que los trabajadores que ejercen la venta de productos ilegales no tienen contrato de trabajo, carecen de la más mínima cobertura social y laboral e incumplen además las normas básicas de seguridad e higiene en el trabajo.

A la reunión con el delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, acudió también el director de la ONCE en la provincia, Francisco Arroyo. Por su parte, el director de la ONCE en Málaga, Cristóbal Martínez, también ha celebrado otro encuentro con el mismo objetivo con la delegada de la Junta en Málaga, María Gámez.
Patricio Cárceles y Francisco Arroyo con el delegado de la Junta en Cádiz
Para la ONCE la actividad del juego ilegal daña al resto de asociaciones representantivas de la discapacidad y a la sociedad en su conjunto y son, además, un fraude para los consumidores. En todas las reuniones, el delegado territorial obtuvo el compromiso firme y la voluntad política del Gobierno andaluz para atajar el problema. De hecho, esa promesa figura en el programa electoral del PSOE andaluz para esta Legislatura. El marco de cooperación abierto en diciembre con la Junta en materia de juego ilegal continuará en los próximos meses con una nueva puesta en común por parte de la ONCE y la administración autonómica.