Andalucía refuerza su compromiso con la atención a las discapacidades

Ante todo, quiero felicitar a la ONCE por sus 70 años de trabajo en la vanguardia de los servicios sociales y en favor de la plena integración de las personas con discapacidad. Sirva también este reconocimiento para expresar la plena identificación del Gobierno andaluz con sus fines y, en términos más generales, para subrayar la decidida apuesta por unas políticas sociales que estarían incompletas sin la plena incorporación a la sociedad de este colectivo.
La consolidación y el fortalecimiento del Estado del Bienestar requiere el salto cualitativo de reconocer las necesidades de las personas con discapacidad como derechos universales, al igual que ocurre con prestaciones públicas que, como la educación, la sanidad y las pensiones, hoy consideramos grandes conquistas de la democracia. Este es precisamente el sentido de la ambiciosa Carta de Derechos Sociales del nuevo Estatuto de Autonomía, que introduce la posibilidad de que el ciudadano pueda exigir su cumplimiento ante los tribunales y, por tanto, obliga a las Administraciones más allá de sus planes y políticas. Andalucía, que en las últimas dos décadas, y a menudo a contracorriente, ha liderado en España la defensa del Estado del Bienestar, blinda así de cara al futuro la continuidad de sus políticas sociales.
Al reconocimiento de derechos recogido en el Estatuto se añade la clara continuidad de las inversiones de la Junta de Andalucía en políticas sociales, que no se van a ver mermadas por la crisis económica, sino todo lo contrario, pues consideramos una cuestión de elemental justicia la atención prioritaria a los colectivos que más sufren sus efectos y que, no lo olvidemos, menos han tenido que ver en su surgimiento. El esfuerzo de ahorro y rigor en las cuentas públicas andaluzas durante los últimos años otorga el suficiente margen de maniobra para afrontar la situación sin necesidad de hacer ajustes que puedan perjudicar a los grupos más vulnerables.
De este modo, en los presupuestos autonómicos para 2008, las políticas de apoyo a las familias y de igualdad de oportunidades concentran más de dos terceras partes de las inversiones, con un fuerte incremento del 55% en las partidas destinadas a las personas dependientes. Además, el trabajo del Gobierno andaluz amplía en esta legislatura sus ámbito de acción con nuevas iniciativas. Entre ellas cabe destacar el Plan de Empleabilidad para las Personas con Discapacidad, iniciado este año y que invertirá más de 414 millones de euros hasta 2013 en medidas especiales para la inserción laboral de este colectivo, como incentivos a la contratación, creación de agentes de intermediación, planes de adecuación del entorno de trabajo e introducción de reservas de plazas en los distintos programas de formación y empleo.
En definitiva, Andalucía sigue liderando la atención a las personas con discapacidad sin perder de vista el objetivo de promover su bienestar en todos los ámbitos que afectan al desarrollo normal de la vida, desde la sanidad y la educación a la vivienda, el deporte, la cultura o el ocio.

Foto oficial del presidente de la Junta con las banderas de Andalucía y España al fondo

Manuel Chaves González
Presidente de la Junta de Andalucía