Ley de Dependencia, una Ley de Consenso

El pasado 1 de enero entró en vigor una norma fundamental para el progreso de los derechos sociales en nuestro país: la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Una norma que ha contado con el consenso de las fuerzas políticas y de la sociedad civil, y que supone un decidido impulso para que el sistema público de servicios sociales se consolide como cuarto pilar del Estado del Bienestar.

Con esta ley la atención a las personas en situación de dependencia dejará de ser una responsabilidad exclusiva de las familias, pasando a convertirse en un derecho subjetivo. Esto significa que aquella persona dependiente que tenga reconocida la atención por ley podrá exigirla incluso ante los tribunales de Justicia.

Pero además, hablamos de un derecho universal al que podrán acceder las ciudadanas y los ciudadanos españoles en igualdad de condiciones, con independencia de su lugar de residencia, gracias a un baremo común y un catálogo básico de prestaciones y servicios equivalente para todo el Estado. Este instrumento de valoración tendrá validez en toda España y servirá para identificar el grado de dependencia; es decir, la capacidad de los ciudadanos y las ciudadanas para realizar las actividades básicas de la vida diaria, así como el grado de apoyo de otra persona requerida para estas tareas.

Para los y las menores de tres años se ha acordado un instrumento de valoración específico, que contendrá una escala de valoración específica atendiendo a las necesidades y particularidades de los y las menores.

Para valorar a las personas, el baremo, que ha tenido en cuenta los diferentes tipos de discapacidades y sus particularidades, contempla una serie de actividades y capacidades que las personas realizan diariamente y las valora teniendo en cuenta su mayor o menor importancia en su vida, como es el caso de la alimentación, cuidados corporales, y mantenimiento de la salud, entre otros. En función de la evaluación de estas actividades y capacidades, las personas recibirán una puntuación específica que les definirá su grado de dependencia.

En cuanto a los niveles de dependencia, la ley distingue tres niveles: la moderada, que define las situaciones en las que la necesidad de ayuda es de al menos una vez al día; la severa, que será para aquellos casos en los que la persona necesita asistencia para realizar las actividades, pero no de la presencia permanente de una persona cuidadora; y por último la gran dependencia, que incluye a aquellas personas que precisan ayuda varias veces al día. Estas serán las primeras personas en ser atendidas en este año 2007, ya que la implantación de la ley será gradual hasta el año 2015.

Estimamos que en Andalucía serán unas 34.000 las personas potencialmente beneficiarias de la ley en el primer año de aplicación. A partir del año 2008 se irán incorporando al sistema las personas que tengan una dependencia en grado severo y moderado, hasta alcanzar una previsión de 200.000 andaluces y andaluzas en 2015, una vez completada su implantación total.

En lo concerniente al catálogo de servicios que ofrece la ley encontramos, por un lado, los destinados a promocionar la autonomía personal y prevenir las situaciones de dependencia, entre las que se encuentra la teleasistencia o la ayuda domiciliaria; y por otro, los servicios de atención y cuidado que podrán ser a domicilio o en centros residenciales. No obstante, la ley establece, en caso de no poder acceder al servicio público, el derecho a recibir una prestación económica vinculada a ese servicio o de asistencia personal.

Por lo que se refiere al reconocimiento del grado de dependencia, el primer paso es dirigirse a los Servicios Sociales Comunitarios de cada ayuntamiento, que son la puerta de entrada a Sistema de Atención a la Dependencia. Para ello, la Junta de Andalucía ha financiado la contratación de 536 profesionales de refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios, con una inversión global de 12,1 millones de euros.

Una vez presentada la solicitud, en un plazo de menos de tres meses, los equipos de valoración concertarán una cita con la persona interesada y emitirán un informe que determinará el grado y el nivel de dependencia y los servicios que le corresponden. Asimismo, para responder a la demanda generada, hemos modificado y ampliado la relación de puestos de trabajo de la Consejería con 392 profesionales más para estas funciones.

Posteriormente ese informe se remite nuevamente a los servicios sociales comunitarios que elaboran el Programa Individual de Atención (PIA), donde especificarán el servicio o servicios prescritos, así como de la participación que en el coste del mismo, según su capacidad económica.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ya está prácticamente construido, tras los acuerdos adoptados el 9 de abril en el Consejo Territorial y los reales decretos aprobados el 11 de mayo en el Consejo de Ministros referidos a la intensidad, las prestaciones y servicios por cada nivel de dependencia, la cuantía de las prestaciones económicas y las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras y cuidadores.

Además, en el Consejo Territorial de la Dependencia se llegó a un acuerdo sobre el reparto de créditos que hará el Estado este año entre las Comunidades Autónomas para la puesta en marcha del Sistema. Y debemos estar satisfechos porque Andalucía es la que ha conseguido una mayor cantidad de dinero.

De los 220 millones de euros que se van a repartir en créditos entre las Comunidades Autónomas, Andalucía recibirá más de 36 millones de euros, es decir, el 16,4% del total. Estos créditos se reparten en función de criterios como la población, extensión de la Comunidad, la renta y pensiones, población dependiente y emigrantes retornados. Asimismo, disponemos de un teléfono de información a la ciudadanía que es el 902-166-170.

En definitiva, la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia marca un antes y un después en el desarrollo de los derechos sociales. Es el inicio de un gran proyecto colectivo hacia la igualdad de oportunidades.

Aprovecho, finalmente, para felicitar a la ONCE por la creación de esta nueva vía de comunicación que contribuirá a dar a conocer las necesidades y las sensibilidades de las personas invidentes.

Micaela Navarro, consejera de Igualdad y Bienestar Social
Micaela Navarro Garzón
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social